¿Es aplicable la normativa sobre RPAs al uso de drones con fines recreativos?

Ya es sobradamente conocido, especialmente por los interesados en la materia, que la normativa para regular las operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto para usos civiles fue introducida en España mediante Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, ahora Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE nº 252 de 17 de octubre de 2014). 

A la vista de su contenido, puede plantearse la duda de si el régimen jurídico establecido por la norma para el uso de estas aeronaves se extiende al uso particular con fines de recreo. Para tratar de aclararla, hemos de acudir a lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley, según la cual se regulan “las condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos o científicos, o en términos de la normativa de la Unión Europea, operaciones especializadas,”[1] y ello con el fin de dotar al sector de un marco regulatorio que garantice la seguridad de las actividades desarrolladas con RPAs “teniendo en cuenta que en el actual contexto económico, resulta necesario establecer medidas que permitan diversificar la actividad económica y potenciar la actividad industrial en beneficio de la economía y el empleo.”  De ello se puede deducir que la verdadera motivación del legislador es la de dar impulso a esta nueva actividad económica, orientando su regulación a la explotación comercial o profesional de las aeronaves pilotadas por control remoto. Además, el art. 150.2 de la Ley de Navegación Aérea, precisamente modificado por la norma objeto del presente comentario, excluye expresamente de su ámbito de aplicación las RPAs utilizadas con fines deportivos o de recreo. Todo ello sumado a que las disposiciones de la Ley 18/2014 guardan absoluto silencio sobre el uso recreativo de las RPAs, al no contemplarse entre los tipos de vuelos que pueden efectuarse conforme a los apartados 3 y 4 del art. 50.  Por lo tanto, el uso de drones por particulares con fines deportivos o de recreo, tal como anunciaba  la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en nota de prensa publicada el 7 de abril de 2014 (pocos meses antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio) se ha de considerar aeromodelismo y sujetarse a su normativa específica, emanada de la Real Federación Aeronáutica Española, de las Federaciones Deportivas Aeronáuticas de las Comunidades Autónomas, y en las ordenanzas municipales, si las hay. 

Hay que tener muy presente que si la actividad desarrollada incluye la toma de imágenes aéreas se ha solicitar en todo caso autorización de la AESA. 
No hay que olvidar que se trata de una norma que nació con vocación temporal para atender a una necesidad urgente de orden económico, y que como se anuncia en su Exposición de Motivos las medidas adoptadas reflejarán “el estado actual de la técnica”, además de que su futuro desarrollo reglamentario establecerá el régimen jurídico al que deben someterse otros usos no contemplados por ahora. 

En conclusión, el régimen jurídico aplicable y las condiciones exigibles van a depender de la finalidad con la que vayamos a utilizar el drone,  por lo que, en primer lugar debemos tener muy clara la actividad que con él vamos a desarrollar, y en caso de duda, consultar con la AESA para evitar sanciones. 






[1] El concepto de operaciones especializadas se encuentra recogido en el art. 2.7 del Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen los requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas: “Cualquier operación distinta de una operación de transporte aéreo comercial en la que se utiliza una aeronave para actividades especializadas como la agricultura, construcción, fotografía, vigilancia, observación y patrulla y publicidad aérea.

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