El contrato de arrendamiento de aeronaves (y III): Marco normativo

La escasa regulación actual de los contratos de arrendamiento de aeronaves sirve al interés exclusivo de preservar la seguridad mediante un sistema  de control de los mismos por parte de las autoridades internas con competencias en materia de aviación civil. Un sistema articulado a través de una serie de procedimientos de notificaciones previas y autorizaciones que debe otorgar la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)[1],  y que se encuentran regulados en la Circular Aeronáutica 3/2006 de 10 de noviembre, de la DGAC, por la que se regula el arrendamiento de aeronaves entre compañías aéreas sin inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves

También contienen algunas disposiciones relativas a los acuerdos de arrendamiento de aeronaves entre compañías aéreas, el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (art. 13)y el Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen los requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, en concreto en su Anexo III (en  ORO.AOC.110) y en su Anexo II (ARO.OPS.110), normas éstas últimas que indican, respectivamente, los presupuestos que deben acreditar los operadores aéreos para que les sea otorgada autorización para la toma o cesión de aeronaves en arrendamiento, así como los criterios de actuación a los que deben sujetarse las administraciones internas para concederlas.

En principio, con arreglo al art. 13 del Reglamento 1008/2008, una compañía aérea válidamente constituida en posesión de una licencia de explotación, puede explotar libremente en régimen de arrendamiento una o varias aeronaves matriculadas en la UE, con tripulación o sin ella, con la única limitación de que el recurso a ésta práctica no entrañe riesgos para la seguridad. Sin embargo, este principio de libertad se ve obstaculizado con la imposición de obtener la aprobación previa de la administración competente, que va a operar en dos supuestos: 
  • Cuando en un acuerdo de arrendamiento sin tripulación sea parte una compañía aérea comunitaria (sea arrendadora o arrendataria).
  • Cuando en un acuerdo de arrendamiento con tripulación  la parte arrendataria sea una compañía aérea comunitaria.
Más rigurosa se muestra la norma al establecer las condiciones en las que las compañías comunitarias pueden hacer uso de aeronaves matriculadas en países terceros, ya que sólo se van a permitir bajo circunstancias concretas y con sujeción a un límite temporal. De conformidad con el art. 13.3 del Reglamento 1008/2008, la compañía que pretenda tomar en arrendamiento con tripulación una aeronave matriculada en un país no comunitario (país tercero), debe acreditar que se encuentra en alguna de estas situaciones:
  • Necesidades excepcionales. (Por ejemplo, averías o retrasos para los que se requiera de otra aeronave para reubicar al pasaje). En estos casos se puede conceder una autorización que no exceda de 7 meses, renovable, por una sola vez, por otro periodo adicional de hasta 7 meses.
  • Necesidades de capacidad de carácter estacional, (cubrir puntas de demanda) siempre que no pueda disponerse de una aeronave matriculada en la UE.
  • Dificultades de explotación, no siendo posible o razonable arrendar aeronaves matriculadas en la UE. En tales supuestos, la autorización queda limitada a la superación de las dificultades alegadas por la compañía interesada. 
  • Además, debe demostrar que tanto la aeronave arrendada como el operador al que pertenece cumplen con los siguientes requisitos de carácter técnico: (ORO.AOC.110 – Anexo III Reglamento 965/2012)
  • Que el arrendador  es titular de un AOC válido expedido de conformidad con el Anexo 6 de la OACI.
  • Que las normas de seguridad y aeronavegabilidad a las que se sujeta son equivalentes a las aplicadas en la UE.
  • Que la aeronave dispone de un certificado de aeronavegabilidad estándar expedido de acuerdo con el Anexo 8 de la OACI. 
Las condiciones en las que deben darse los arrendamientos sin tripulación entre compañías comunitarias y compañías de países terceros se enumeran en el apartado d) de la norma ORO.AOC.110, debiéndose acreditar:
  • Que el arrendamiento no va a exceder de 7 meses en un periodo de 12 meses consecutivos.
  • Que existe una necesidad operativa que no puede satisfacerse mediante el arrendamiento de una aeronave a un operador europeo.
  • Que la aeronave cumple con los requisitos de aeronavegabilidad impuestos por la normativa europea.
En cuanto a la cesión  de aeronaves de operadores comunitarios, tratándose de arrendamientos sin tripulación, el arrendador deberá solicitar la aprobación de la autoridad acompañando a su solicitud una copia del contrato o la descripción de sus cláusulas, mientras que para el arrendamiento con tripulación bastará con una simple notificación con anterioridad a la cesión. [ORO.AOC.110 apartados e) y f)]. 

Por lo que respecta a las autoridades competentes para la concesión de licencias, que son las que deben aprobar o autorizar los contratos entre compañías que quedan sujetas a su jurisdicción, deberán otorgarlas siempre que la compañía solicitante acredite las condiciones señaladas, revocándolas cuando los certificados de aeronavegabilidad o AOC de alguna de las partes del contrato hayan sido suspendidos, o cuando la aeronave objeto de arrendamiento quede incluida en la lista de compañías sujetas a prohibición para operar en la UE. Además, deben asegurarse de que exista coordinación con el Estado de matrícula para llevar a cabo las actividades de supervisión de la aeronave.

En España, los procedimientos para notificar u obtener la aprobación pertinente, se regulan detalladamente en la Circular Aeronáutica 3/2006 antes citada. Una vez concedida la autorización para las operaciones para que las que fue solicitada, permanece vigente mientras que se sigan manteniendo las condiciones que la motivaron y se cumplan los requisitos que dieron lugar a su otorgamiento, debiendo incluirse las condiciones que figuran en la misma en el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes. La utilización de aeronaves arrendadas incumpliendo las obligaciones impuestas en la Circular da lugar a la correspondiente responsabilidad del infractor y a las sanciones pertinentes con arreglo a la Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea (LSA). 


[1] La Circular Aeronáutica 3/2006 de 10 de noviembre, prevé que la autoridad competente para autorizar los contratos de arrendamiento es la Subdirección General de Explotación de Transporte Aéreo,  dependiente de la DGAC. Pero tras la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en virtud del Real Decreto 184/2008 de 8 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la AESA, las competencias de la DGAC se han visto reducidas a la formulación de política estratégica en materia de aviación y a la representación y coordinación con otras entidades administrativas y con la UE, entre otras funciones. (V. competencias actuales de la DGAC en el art. 7 del Real Decreto 452/2012 de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. BOE núm. 56, de 6 de marzo de 2012). La AESA sucedió a la DGAC en todas las competencias relacionadas con la potestad inspectora y sancionadora, la supervisión de la seguridad en el transporte aéreo, la gestión de la seguridad operacional, y la expedición de títulos,  licencias, certificados y autorizaciones requeridos para el ejercicio de actividades aeronáuticas, entre otras (V. art. 9 del Estatuto AESA), por lo que cualquier mención que cualquier disposición contenga sobre el Ministerio de Fomento y la DGAC referidas a competencias que el Estatuto de la AESA le atribuye, se entenderán realizas a la misma, excepto aquellas que expresamente se atribuyan al Ministerio de Fomento. (v. art. Único RD 184/2008).

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