Delitos contra la navegación aérea

Están previstos y penados en la Ley 209/1964, de 24 de diciembre, por la que se establece la Ley penal y procesal en materia de navegación aérea (LPNA).

Aunque sigue manteniendo el término “procesal”, el Libro II de esta ley, en que se regulaba la jurisdicción penal en materia de navegación aérea y el procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos en ella tipificados, fue derogado en virtud de la Ley Orgánica 1/1986 de 8 de enero, de supresión de la jurisdicción penal aeronáutica, dando cumplimiento al art. 117. 5 de la Constitución Española, que consagra el principio de unidad jurisdiccional, cuando dice que “es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales”, reiterando el art. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que “la jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley”. Por lo tanto, este principio se opone a la creación y mantenimiento de jurisdicciones especiales,  como lo era la jurisdicción aeronáutica vigente hasta ese momento, atribuyendo el enjuiciamiento de estas conductas a los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria. 
Igualmente las penas que preveía fueron actualizadas por la Disposición Transitoria 11ª del Código Penal, por lo que deben sustituirse por las siguientes:
  • La pena de reclusión mayor, por la de prisión de quince a veinte años, con la cláusula de elevación de la misma a la pena de prisión de veinte a veinticinco años cuando concurran en el hecho dos o más circunstancias agravantes. 
  • La pena de reclusión menor, por la de prisión de ocho a quince años.
  • La pena de prisión mayor, por la de prisión de tres a ocho años.
  • La pena de prisión menor, por la de prisión de seis meses a tres años.
  • La pena de arresto mayor, por la de arresto de siete a quince fines de semana.
  • La pena de multa impuesta en cuantía superior a cien mil pesetas señalada para hechos castigados como delito, por la de multa de tres a diez meses.
  • La pena de multa impuesta en cuantía inferior a cien mil pesetas señalada para hechos castigados como delito, por la de multa de dos a tres meses.
  • La pena de multa impuesta para hechos delictivos en cuantía proporcional al lucro obtenido o al perjuicio causado seguirá aplicándose proporcionalmente.
  • La pena de arresto menor, por la de arresto de uno a seis fines de semana.
  • La pena de multa establecida para hechos definidos como falta, por la multa de uno a sesenta días.
  • Las penas privativas de derechos se impondrán en los términos y por los plazos fijados en este Código.
  • Cualquier otra pena de las suprimidas en este Código, por la pena o medida de seguridad que el Juez o Tribunal estime más análoga y de igual o menor gravedad. De no existir o de ser todas más graves, dejará de imponerse. 

El Libro I se divide en tres Títulos.  El Título I recoge las disposiciones de aplicación general. Únicamente se van a considerar delitos y faltas aeronáuticos los expresamente previstos en esta Ley. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal aplicables a los mismos serán las previstas en el Código Penal, si bien el art. 6 en su párrafo 2º permite la apreciación de dos circunstancias agravantes  cuando:
  • Del hecho se derive un grave entorpecimiento en el tráfico aéreo o servicio público, o peligro para la vida o integridad de las personas.
  • El culpable fuera Comandante de la aeronave. 

Se establecen algunas medidas de seguridad en el art. 7 que se pueden imponer bien como consecuencia de la infracción o bien de forma accesoria con la pena principal. Estas son:
  • Suspensión del título profesional o aeronáutico.
  • Pérdida del mismo.
  • Suspensión de entidades, sociedades o empresas responsable.
  • Incautación, demolición o reforma de las instalaciones, aparatos, locales, y el general de materias y elementos que se hayan utilizado para la comisión del ilícito penal.

A los efectos de la aplicación de la LPNA debe entenderse que la navegación aérea comprende desde el momento en que la aeronave se pone en movimiento con su propia fuerza motriz para emprender el vuelo, hasta que, realizado el aterrizaje, queda inmovilizada y sus motores parados.

Delitos tipificados

El Título II, (“De los delitos”) se divide en ocho Capítulos, agrupándolos en atención al bien jurídico protegido.

Delitos contra la seguridad de la aeronave (Capítulo I)
  • Destrucción total o parcial de la aeronave tanto en vuelo como en tierra. (art. 13)
  • Facilitación errónea, falsa o incompleta de los datos necesarios para la seguridad de la operación de aeronaves, tanto por parte del Comandante como por parte del encargado del Servicio de Protección al Vuelo. (art. 14)
  • Iniciación del vuelo en ausencia, o contraviniendo en un momento posterior, el plan de vuelo correspondiente. (art. 15)
  • Contravención de las órdenes impartidas por la Autoridad aeronáutica sobre aplicación de las normas sobre servidumbres aeronáuticas. (art. 16)
  • Realización de vuelos arriesgados o acrobáticos en espacio aéreo prohibido y sobrevuelo de aglomeraciones urbanas sin respetar la altura mínima autorizada. (art. 17)
  • Emprender el vuelo a sabiendas del exceso de peso y de una mala distribución de la carga. (art. 18)
  • Atentados contra personas  que se hallen a bordo de la aeronave y que supongan un peligro para la seguridad de la navegación. (art. 19).

Delitos contra el tráfico aéreo (Capítulo II)

La Sección Primera se dedica al delito de sedición. Conforme al art. 20 consiste en el alzamiento colectivo de tripulantes, pasajeros, empleados o personas concertadas con ellos para, a) oponerse al cumplimiento  de las órdenes impartidas por el Comandante o Jefe de aeropuerto en uso de sus atribuciones, b) impedirles el ejercicio de sus funciones o coaccionarles, o c) realizar algún acto de odio o venganza en sus personas o bienes. En el mismo artículo se castiga a los miembros de la tripulación de aeronave o empleados de aeropuerto que abandonen colectivamente sus funciones en número tal que perturben el servicio en actitud de protesta, desobediencia colectiva o represalia contra el Comandante o jefe respectivo.  

La Sección Segunda tipifica los delitos de abandono de aeronave y del servicio. El art. 28 castiga al Comandante que, sin causa que lo justifique, haga dejación de sus funciones de mando o abandone la aeronave. Este delito se castiga con multa y suspensión o pérdida del título aeronáutico, pero se agrava con penas de privación de libertad cuando del hecho se derive riesgo o trastorno para la navegación. (art. 28.2) y cuando no abandone en último lugar la aeronave en peligro o no adopte, pudiendo hacerlo, las medidas necesarias para el salvamento de pasajeros y demás tripulantes. (art. 33). No obstante, quedará exento de responsabilidad criminal cuando justifique que el hecho de no haber abandonado la aeronave en último lugar se deba al incumplimiento, por parte de los pasajeros y tripulantes, de la orden de evacuación.

El abandono de aeronave en peligro por los restantes miembros de la tripulación se castiga con penas de arresto y la accesoria de pérdida del título aeronáutico. En esta misma Sección (arts. 31 y 32), se castiga al Comandante, demás tripulantes y a controladores aéreos que se hallen bajo los efectos del alcohol, narcóticos y estupefacientes durante el ejercicio de sus funciones.

En la Sección Tercera, se recogen otros delitos contra el tráfico aéreo (arts. 35 a 38):
  • Embarque clandestino o sin autorización de mercancías peligrosas.
  • Uso a bordo de aparatos de fotografía o de transmisión radioeléctrica infringiendo las normas vigentes en la materia.
  • Asunción indebida del mando de la aeronave.
  • Ejercicio de las funciones de tripulante sin estar legalmente habilitado para ello. 

Delitos contra el derecho de gentes (Capítulo III)
  • Todos los actos de interferencia ilícita (arts. 40 y 41) como el apoderamiento ilícito de aeronaves, derribo de aeronaves, o provocación de aterrizaje o amerizaje de aeronave con el fin de apoderarse de ella o de atentar contra sus ocupantes.
  • Omisión del deber de auxilio de aeronave (o buque) en peligro por parte del Comandante de la aeronave o del Capitán del buque o de sus demás tripulantes.  (arts. 42 y 43)
  • Omisión del deber de socorro a víctimas de un accidente aéreo (art. 44) y el despojo de sus pertenencias. (art. 41).

 Delitos contra la autoridad (Capítulo IV)

Comprenden los insultos al mando, atentados y desacatos a la autoridad y desobediencia, (arts. 45 a 50) Integran estos delitos el maltrato de obra, ofensas, amenazas y atentados contra la libertad de un superior. Sujetos activos de este delito pueden ser tripulantes u otros empleados. Se requiere que al momento de cometer los hechos se encuentren en acto de servicio, o que guarden relación con él.  Los desacatos y atentados perpetrados por pasajeros contra el Comandante se castigan con arreglo a los arts. 550 a 556 del Código Penal. Con pena de multa se castiga al pasajero que no acate una orden relativa a la seguridad cuando se encuentre a bordo de la aeronave.

Abuso de autoridad y negligencia en el ejercicio del mando (Capítulo V)

Incluyen maltrato a un subordinado o a un pasajero (art. 51), abandono de la tripulación o el pasaje (art. 52) o la omisión de medidas para suprimir actos de indisciplina que perturben o pongan en peligro el servicio, la vida de las personas o la seguridad de la aeronave (art. 53)

Delitos de falsedad (Capítulo VI)
  • Tripular una aeronave desprovista de marcas de nacionalidad o matrícula. (art. 54)
  • Uso de documentación de a bordo de otra aeronave a la que se haya usurpado la marca de matrícula (art. 55)
  • Uso de documentos de trabajo pertenecientes a otro para obtener beneficio propio o en perjuicio de un tercero. (art. 56)
  • Inscripción fraudulenta de la aeronave en el Registro de aeronaves. (art. 57)
  • Falsificación de libros y documentos de a bordo. (art. 58) 

Delitos contra la propiedad (Capítulo VII)

Los robos, hurtos, daños y polizonaje son delitos contra la propiedad. Se castigan robos y hurtos cometidos a bordo de aeronave por miembros de la tripulación o en el aeropuerto por sus empleados, así como el robo o hurto de una aeronave o los elementos de la misma. (art. 59). El art. 60 castiga al Comandante que emplea ilegítimamente la aeronave en provecho propio o de un tercero. La pena se agrava cuando el empleo de la aeronave se realice con el fin de cometer un delito o de favorecer su impunidad, mientras que se atenúa cuando esos mismos actos son cometidos por cualquier otra persona. El art. 61 se remite al Código Penal para determinar la pena aplicable a los tripulantes a quienes se hayan entregado bienes o efectos para su custodia y se apoderen de ellos en todo o en parte, por lo que serán castigados como reos de apropiación indebida (art. 253 del Código Penal) con las penas señaladas para la estafa (arts. 249  y 250). 

Los arts. 62 y 63 describen los daños punibles causados  en aeronaves. Se entiende por tales todo daño o desperfecto que se ocasiona en sus instrumentos, motores, estructura, instalaciones de a bordo,  o en el cargamento,  desde que se recibe a bordo hasta que se descarga en el punto de destino, y que lleguen a ocasionar su destrucción total o parcial.  Se incluye la destrucción o deterioro de balizas, instalaciones o señales de ayuda a la navegación y que pueden acarrear un trastorno para la misma (art. 63). El art. 64 describe la conducta típica del delito de polizonaje, consistente en el acceso clandestino a una aeronave comercial, sin billete y con el propósito de realizar el viaje, o la permanencia en la misma, también clandestinamente y con el mismo fin, tras haber finalizado el trayecto al que se tenía derecho con el billete adquirido. 

Por último, en el Capítulo VIII se incluye una disposición general, prevista para evitar la impunidad de conductas imprudentes y en la cual puede acomodarse cualquier hecho ejecutado por imprevisión, imprudencia o impericia que, de mediar dolo, constituiría delito. 

Con respecto a las faltas, hay que señalar que la Disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, deroga el Libro III del CP (Faltas  y sus penas), pero  no ha derogado expresamente las faltas existentes en las leyes penales especiales, como es el caso de la LPNA, por lo que las conductas tipificadas como falta en sus arts. 66 a 75 permanecen vigentes aunque podrían quedar impunes.

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