La transparencia y la confianza en las actividades espaciales. El Código Internacional de Conducta de la Unión Europea

Recreación de un arma láser emplazada en el espacio en un satélite de
la Red de Iniciativa Estratégica de Defensa (SDI)
Fuente: Wikipedia

Desde el lanzamiento del primer Sputnik en 1957  las actividades espaciales pasaron a formar parte de los asuntos prioritarios a tratar en el seno de la Naciones Unidas, siendo fundamentalmente dos los extremos que más han preocupado a los Estados miembros: la utilización con fines pacíficos y la prevención de una carrera de armamentos en el espacio.[1]  Aunque es cierto que el aprovechamiento del espacio ha contribuido positivamente al desarrollo social, económico, científico y tecnológico, no lo es menos que con el incremento de los países que pueden acceder a este recurso se ha convertido en un entorno altamente competitivo, además de su indudable valor estratégico, lo que lo convierte en un foco (y posible escenario) de tensiones y conflictos que pueden poner el riesgo la paz y la seguridad internacional. 

Buena parte de la comunidad internacional representada en la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas, ha puesto de manifiesto, en reiteradas ocasiones, su temor ante la posibilidad de colocar armas en el espacio ultraterrestre[2], generándose un clima de desconfianza por parte de los Estados que poseen capacidades militares con respecto al uso que otros Estados pueden darle a dichas capacidades. Con objeto de aminorar suspicacias, y favorecer un ambiente de cooperación para la utilización del espacio con fines pacíficos y lograr prevenir una carrera armamentística, la ONU ha estado promoviendo, desde 1990, la adopción de medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades espaciales.[3] En cumplimiento la Resolución 45/55B, el por entonces Secretario General, Boutros-Ghali, presentó ante la AG el primer “Estudio sobre la aplicación de medidas de fomento de la confianza en el espacio ultraterrestre.”[4]

El Estudio fue elaborado entre los años 1991 y 1993 por un Grupo de Expertos Gubernamentales procedentes de Egipto, Canadá, Rusia, Bulgaria, Brasil, Zimbabwe, India, Francia, EEUU y Pakistán. De acuerdo con el mismo, el fundamento de la adopción de medidas para el fomento de la confianza en las actividades espaciales se encuentra en la necesidad de todo Estado de “recibir garantías de que determinadas actividades militares o relativas a la seguridad realizadas por otros Estados no constituyen una amenaza para su propia seguridad.” En tal sentido, se propusieron una serie de directrices para la concreción y aplicación de medidas tendentes al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales que contribuyan a la prevención de tensiones y conflictos armados. Para ello, toda medida adoptada debería respetar, al menos, cuatro principios fundamentales consagrados en el art. 2 de la Carta de Naciones Unidas: 
  • Igualdad soberana de todos los Estados
  • Arreglo pacífico de controversias
  • Abstención de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier Estado
  • No intervención en los asuntos internos del Estado
Además, deberían reunir las siguientes características:
  • Confianza o fe en la voluntad de cooperación de los demás Estados
  • Consenso de todos los Estados que participen en el proceso de adopción de las medidas
  • Compromiso político
  • Intercambio o suministro de información sobre las políticas, estrategias y programas de los Estados en materia espacial para evitar temores y desconfianza sobre las intenciones de otros Estados
Así, se proponen medidas como la notificación previa, la verificación, el seguimiento y los códigos de conducta.[5]

El Código Internacional de Conducta de la UE para las actividades en el espacio ultraterrestre[6]

Tras las resoluciones de la AG de la ONU sobre medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades realizadas en el espacio, y como contribución a las mismas, la UE elaboró un proyecto de Código de Conducta de carácter no vinculante que fue presentado formalmente en Viena el 5 de junio de 2012.[7] La adhesión al mismo es voluntaria y está abierta a todos los Estados.

El Código tiene por objeto aumentar la protección, la seguridad y la sostenibilidad de todas las actividades en el espacio ultraterrestre y se sustenta sobre los siguientes principios generales:
  • Libertad de todos los Estados de acceder al espacio, explorarlo, utilizarlo y explotar los objetos espaciales con fines pacíficos, sin interferencias, respetando plenamente la seguridad, la protección y la integridad de los objetos espaciales en órbita conforme a las normas internacionales.
  • Responsabilidad de los Estados, tanto en cuanto a las medidas adoptadas, como en cuanto a la realización de actividades, sean civiles o militares, evitando que el espacio se convierta en un foco de conflicto.
  • Derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, de acuerdo con el art. 51 de la Carta de Naciones Unidas.[8]
La adhesión al Código implica el respeto  y la promoción de la adhesión a los actuales instrumentos internacionales que regulan las actividades en el espacio (Corpus Iuris Spatialis), el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Tratado de prohibición de pruebas de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y bajo el agua (1963), el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (1996) y el Código Internacional de Conducta contra la Proliferación de los Misiles Balísticos (2002), además de las declaraciones y principios emanados de la AG de la ONU.

En cuanto a las medidas destinadas a la consecución del objetivo marcado por el Código, se destacan las que siguen:

Medidas relativas a las operaciones espaciales

Buscan obtener el compromiso por parte de los Estados de minimizar los riesgos de colisión entre objetos espaciales, daños y cualquier otra interferencia nociva que menoscabe el derecho de los demás Estados a utilizar y explorar el espacio.

Medidas de control y reducción de los desechos espaciales

Los Estados se comprometerían a abstenerse de destruir, deliberadamente, objetos espaciales en órbita, y a adoptar las políticas y directrices elaboradas por la Comisión.

Notificación de actividades realizadas en el espacio

Por ejemplo:
  • las maniobras programadas que puedan provocar situaciones peligrosas de proximidad a objetos espaciales tanto de Estados suscriptores como de Estados no suscriptores
  • la notificación previa del lanzamiento de objetos espaciales
  • las colisiones, las rupturas de órbita y cualquier otra destrucción de objetos espaciales generadora de desechos orbitales que se hayan producido
  • los casos de retorno de alto riesgo en los cuales el objeto que retorna, o el material residual procedente de éste, bien tienen probabilidades de perdurar causando así daños potenciales de importancia, bien pueden originar contaminación radiactiva
  • los problemas de funcionamiento de objetos espaciales en órbita que puedan dar lugar a  una probabilidad notablemente mayor de que se produzca un caso de retorno de alto riesgo o una colisión entre objetos espaciales en órbita.

Registro de objetos espaciales

Los Estados que se adhieran se comprometerían a registrar los objetos espaciales de conformidad con el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y a proporcionar al Secretario General de las Naciones Unidas los datos pertinentes indicados en dicho Convenio.

Información sobre actividades en el espacio ultraterrestre
Es decir, sobre:
  • sus políticas y estrategias espaciales, incluidos los objetivos básicos de las actividades relacionadas con la seguridad y la defensa en el espacio ultraterrestre
  • sus políticas y procedimientos espaciales encaminados a prevenir y minimizar la posibilidad de accidentes, colisiones y otras formas de interferencias nocivas
  • sus políticas y procedimientos espaciales encaminados a minimizar la creación de desechos espaciales
  • la labor realizada para fomentar la adhesión universal a los instrumentos políticos y jurídicos que regulan las actividades en el espacio ultraterrestre.

A día de hoy, la UE sigue impulsando proyectos destinados a la difusión y conocimiento de su propuesta de Código de Conducta, a cargo de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) y del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), mediante la organización de seminarios, reuniones y negociaciones multilaterales para obtener el mayor consenso posible en torno a su proyecto y lograr su adopción final por parte de la comunidad internacional.




[1] La Conferencia de Desarme (CD), a través de su Comisión ad hoc, es el órgano competente para la negociación y valoración de acuerdos y propuestas en materia de desarme en el espacio, y todo tipo de cuestiones relacionadas con la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.
[2] V. Informe de la Primera Comisión de la AG A/53/583 de 18 de noviembre de 1998; Res. AG 70/26 de 7 de diciembre de 2015; Res. A/RES/61/58, de 3 de enero de 2007.
[3] Res. AG 45/55B, de 4 de diciembre de 1990.
[4] A/48/305
[5] Para consultar más información detallada sobre estas medidas, véase el más reciente informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Medidas de transparencia y fomento de la confianza en las Actividades relativas al espacio ultraterrestre, presentado durante el 68º Periodo de Sesiones de la AG. (A/68/189)
[6] V. “Conclusiones del Consejo sobre el proyecto revisado de Código de Conducta para las actividades en el espacio ultraterrestre.” (14455/10). Otra versión actualizada a marzo de 2014 puede consultarse aquí. (Disponible sólo en inglés).
[7] Decisión (PESC) 2015/203 del Consejo, de 9 de febrero de 2015, en apoyo de la propuesta de la Unión para un Código Internacional de Conducta para las actividades en el espacio ultraterrestre como contribución a las medidas de transparencia y de fomento de la confianza. DOUE L 33/38 de 10 de febrero de 2015.
[8] Art. 51 Carta de Naciones Unidas: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.  
Sobre la interpretación uniforme del derecho de legítima defensa aplicado al espacio ultraterrestre, véase el documento de trabajo presentado por la Federación de Rusia durante el 58º periodo de sesiones de la COPUOS. (A/AC.105/L.294).

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