Responsabilidad administrativa del operador de drones en materia de seguridad aérea

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El vuelo de aeronaves pilotadas por control remoto en las inmediaciones de un aeropuerto o aeródromo puede ser sancionado de conformidad con el art. 42 bis[1] de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (LSA) como infracción contra la seguridad de la aviación civil: 

Los sujetos a que se refiere el artículo 32[2] están obligados a:

Abstenerse, en el interior o exterior del recinto aeroportuario, incluso fuera del ámbito de protección de las servidumbres aeronáuticas establecidas cualesquiera, de realizar cualesquiera actos o actividades o de usar elementos, objetos o luces, incluidos proyectores o emisores láser, que puedan inducir a confusión o error, interferir o poner en riesgo la seguridad o regularidad de las operaciones aeronáuticas.

La contravención de las normas actualmente vigentes reguladoras de los usos y límites de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, contenidas en la ley 18/2014, así como el uso indebido de estas aeronaves, aun con fines lúdicos o de recreo, pueden ser constitutivos de infracción contra la seguridad de la aviación civil por incumplimiento de las obligaciones de carácter general establecidas en el art. 33 LSA, esto es:
  • Cumplir con la diligencia debida las normas, reglas, medidas y condiciones de seguridad requeridas en cada actividad u operación aeronáutica.
  • Atender las órdenes, instrucciones y directrices adoptadas por las autoridades aeronáuticas en el ejercicio de sus funciones.
  • Mantener adecuadamente los libros, cuadernos, manuales, certificados, registros y cualquier otra documentación legalmente exigida.
  • Cumplir los deberes de comunicación a los órganos competentes en materia de aviación civil y, en particular, promover los procedimientos de inscripción y cancelación previstos en la normativa reguladora del Registro de Matrícula de Aeronaves.
  • Realizar exclusivamente las actividades de aviación civil para las que se esté autorizado y designado y cumplir las condiciones establecidas en las normas que las regulen y las limitaciones y obligaciones que se determinen en el título que habilite para su desarrollo.
  • Contratar y mantener en vigor los seguros aéreos legalmente obligatorios y constituir los depósitos, fianzas y otras garantías exigibles.

Las infracciones tendrán carácter leve, salvo que concurra alguna de las causas previstas en el art. 44 LSA para calificarla como grave o muy grave. 

Será grave cuando:
  • Se haya causado un incidente grave de aviación.
  • Se hayan producido lesiones graves a las personas, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, o determinantes de baja para la actividad laboral por período superior a siete días o incapacidad laboral.
  • Se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que, valorados de forma individual para cada uno de los sujetos afectados, alcancen una cuantía comprendida entre 5.000 y 15.000 euros.
  • Se hayan ocasionado retrasos no justificados por tiempo superior a cuatro horas en la prestación de los servicios aeronáuticos.

Será muy grave cuando:
  • Se haya causado un accidente de aviación.
  • Se haya causado la muerte de una persona.
  • Se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que valorados de forma individual para cada uno de los sujetos afectados alcancen una cuantía superior a 15.000 euros.
  • Se haya causado la suspensión no justificada de la prestación de los servicios aeronáuticos.

Las infracciones prescriben al año si son leves, a los dos años si son graves y a los tres años si son muy graves. El cómputo del plazo comienza desde el día en que se hayan cometido. En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que éstos se manifiesten. (Art. 60 LSA).

Sanciones: (Art. 55 LSA)

1. Las infracciones establecidas en el capítulo I de este título serán sancionadas del modo siguiente:

a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa de 60 hasta 45.000 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 45.001 a 90.000 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 90.001 a 225.000 euros.

2. Cuando las infracciones fueran cometidas por las entidades colaboradoras de inspección, las compañías que realicen transporte aéreo comercial, las organizaciones de diseño, fabricación o mantenimiento de aeronaves, los proveedores de servicios de navegación aérea, los agentes de servicios aeroportuarios, los gestores de aeropuertos, aeródromos o instalaciones aeroportuarias y, en general, las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley con carácter comercial o que las realicen a cambio de una contraprestación económica no salarial las sanciones aplicables serán las siguientes:
a) Para las infracciones leves, apercibimiento o multa de 4.500 hasta 70.000 euros.
b) Para las infracciones graves, multa de 70.001 a 250.000 euros.
c) Para las infracciones muy graves, multa de 250.001 a 4.500.000 euros.

Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por graves a los dos años, y las leves lo harán al año. El cómputo del plazo comienza al día siguiente de aquel en que la resolución que la impone adquiere firmeza. 
El art. 59 LSA dispone cuales son los criterios a seguir para graduar la cuantía de la sanción: 

En la imposición de las multas y sanciones accesorias por las infracciones administrativas tipificadas en esta ley, se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción a aplicar, teniendo en cuenta los siguientes criterios para su graduación:

a) La negligencia o intencionalidad del sujeto infractor.
b) La gravedad del riesgo generado por la infracción cometida para la seguridad aérea, así como para las personas, para otras aeronaves y demás bienes o cosas, tanto en vuelo como en tierra.
c) La gravedad de los perjuicios causados a los intereses públicos y de los perjuicios y molestias causados a los usuarios del transporte aéreo y a terceros.
d) La comisión de la infracción durante la operación de vuelo.
e) La reiteración en la comisión de infracciones tipificadas en esta ley dentro del término de un año, salvo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, se aprecie como reincidencia.
f) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de reprobabilidad de la infracción.

De acuerdo con el art. 54 LSA la responsabilidad administrativa derivada de las infracciones se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción y de las medidas impuestas en aplicación de lo establecido en el artículo 57, por prescripción y, en el caso de personas físicas, por la muerte.




[1] Artículo 42 bis fue introducido por el apartado cinco del artículo 53 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
[2] Artículo 32 LSA:  Sujetos de las obligaciones por razones de seguridad
1. Están sujetos al cumplimiento de las obligaciones por razones de seguridad que en este título se establecen las siguientes personas y organizaciones:
  • Personal aeronáutico.
  • Escuelas de vuelo y centros de formación aeronáutica y aeroclubes.
  • Entidades dedicadas al diseño, producción y mantenimiento de las aeronaves y productos aeronáuticos.
  • Operadores aéreos.
  • Compañías aéreas y empresas de trabajos aéreos.
  • Proveedores de servicios de navegación aérea.
  • Agentes y proveedores de servicios aeroportuarios.
  • Gestores de los aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias.
  • Pasajeros, otros usuarios de los servicios aeronáuticos.
  • Entidades colaboradoras en materia de inspección aeronáutica.
2. Asimismo están sujetas al cumplimiento de las obligaciones establecidas por razones de seguridad cualesquiera personas físicas o jurídicas cuyas acciones u omisiones, en los términos previstos en este título, puedan poner en riesgo la seguridad, regularidad o continuidad de las operaciones.
El párrafo 2 fue introducido por el apartado cuatro del artículo 53 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

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