El papel de la Administración en la protección del pasajero aéreo


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Dice el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, que:

1. Cada Estado miembro designará un organismo responsable del cumplimiento del presente Reglamento en lo que concierne a los vuelos procedentes de aeropuertos situados en su territorio y a los vuelos procedentes de un país tercero y con destino a dichos aeropuertos. Cuando proceda, este organismo adoptará las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de los pasajeros. Los Estados miembros notificarán a la Comisión el organismo que hayan designado con arreglo al presente apartado.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, todo pasajero podrá reclamar ante cualquier organismo designado en el apartado 1, o ante cualquier otro organismo competente designado por un Estado miembro, por un supuesto incumplimiento del presente Reglamento en cualquier aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro o con respecto a cualquier vuelo desde un tercer país a un aeropuerto situado en ese territorio.

3. Las sanciones establecidas por los Estados miembros por los incumplimientos del presente Reglamento serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.[1]

En España asume este rol la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en cuyo Estatuto, aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, se le atribuye la competencia de proteger al usuario del transporte aéreo, como autoridad nacional de supervisión o como organismo responsable del cumplimiento de los reglamentos y directivas europeos. [Art. 9.1 d) del Estatuto] 

Para poder llevar a cabo tales labores de supervisión, se le ha asignado, asimismo, la función de la inspección aeronáutica, de acuerdo con lo dispuesto en los Títulos III y IV de la Ley 21/2003, de 7 de julio, se Seguridad Aérea (LSA). [Art. 9.1 c) del Estatuto]

En esta línea, el cometido de proteger los intereses de los pasajeros aéreos debe entenderse, por virtud de lo dispuesto en el art. 20.1 de la LSA,  como las tareas de vigilancia y control que debe llevar a cabo sobre el cumplimiento de las normas que ordenan las actividades propias de la aviación civil, entre ellas, el transporte aéreo, [art. 22.1 B) LSA] pero en ningún caso como la obligación de actuar ante la reclamación individual de un pasajero con el fin de obligar al transportista a abonarle una compensación.  Así lo dispone el TJUE en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 (Asuntos acumulados C‑145/15 y C‑146/15) cuando dice que:

“En lo que atañe a las reclamaciones que todo pasajero puede presentar ante el referido organismo, procede señalar que en virtud del artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 261/2004 éstas deben considerase más bien denuncias con las que se contribuye a la correcta aplicación del referido Reglamento en general, sin que dicho organismo esté obligado a actuar a raíz de tales reclamaciones con el fin de garantizar el derecho de cada pasajero individual a obtener una compensación.”

El procedimiento de reclamación ante la AESA por incumplimiento de los derechos de los pasajeros puede consultarse en su página web.

Las compañías aéreas están obligadas, de conformidad con el art. 37.2 LSA,  a cumplir las disposiciones del Reglamento 261/2004 y del Reglamento (CE) nº 1107/2006, de 5 de julio, sobre los derechos de las personas con discapacidad y movilidad reducida en el transporte aéreo, a informar de las causas de la cancelación o retraso del vuelo, y a contar con un plan de asistencia a las víctimas de accidente y sus familiares. El incumplimiento de estas obligaciones, entre otras,[2] tal como preceptúa el art. 44 LSA, puede ser constitutivo de infracción leve, grave o muy grave, y dar lugar a la imposición de una sanción por parte de la AESA en el ejercicio de la potestad sancionadora que le otorga el art. 9.1 e) de su Estatuto.[3]

El procedimiento sancionador se inicia de oficio por acuerdo del Director General de Aviación Civil, bien por iniciativa propia, por orden de un superior, por petición razonada de otros órganos administrativos o por denuncia, ajustándose a lo prevenido en los arts. 61 a 67 de la LSA, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

[1] De conformidad con el Considerando 22 del Reglamento: Los Estados miembros han de garantizar y supervisar el cumplimiento general del presente Reglamento por parte de los transportistas aéreos y designar el correspondiente organismo para llevar a cabo esa función de velar por su cumplimiento. La supervisión no debe afectar a los derechos de los pasajeros y los transportistas aéreos a obtener reparación por vía judicial con arreglo a los procedimientos de Derecho nacional.
[2] Otras infracciones en relación con el transporte se encuentran tipificadas en el art. 45 LSA.
[3] Las infracciones serán graves cuando: a) se haya causado un incidente grave de aviación; b) se hayan producido lesiones graves a las personas, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal, o determinantes de baja para la actividad laboral por período superior a siete días o incapacidad laboral; c) se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que, valorados de forma individual para cada uno de los sujetos afectados, alcancen una cuantía comprendida entre 5.000 y 15.000 euros; o d) se hayan ocasionado retrasos no justificados por tiempo superior a cuatro horas en la prestación de los servicios aeronáuticos. Las infracciones graves se sancionan con multa de entre 45.001 a 90.000 €.

Las infracciones serán muy graves cuando: a) se haya causado un accidente de aviación; b) se haya causado la muerte de una persona; c) se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que valorados de forma individual para cada uno de los sujetos afectados alcancen una cuantía superior a 15.000 euros; d) se haya causado la suspensión no justificada de la prestación de los servicios aeronáuticos. Se sancionan con multa de 90.001 a 225.000 €.

No obstante, según el art. 55.2 LSA, “cuando las infracciones fueran cometidas por las entidades colaboradoras de inspección, las compañías que realicen transporte aéreo comercial, las organizaciones de diseño, fabricación o mantenimiento de aeronaves, los proveedores de servicios de navegación aérea, los agentes de servicios aeroportuarios, los gestores de aeropuertos, aeródromos o instalaciones aeroportuarias y, en general, las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley con carácter comercial o que las realicen a cambio de una contraprestación económica no salarial las sanciones aplicables serán las siguientes:
a)  Para las infracciones leves, apercibimiento o multa de 4.500 hasta 70.000 euros;
b) Para las infracciones graves, multa de 70.001 a 250.000 euros;
c) Para las infracciones muy graves, multa de 250.001 a 4.500.000 euros.”

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